En una resolución fundamental para la vigencia del derecho a la salud reproductiva en Argentina, el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 7 hizo lugar a la acción de amparo presentada por una pareja afiliada al plan de salud del Hospital Británico de Buenos Aires. La sentencia reconoció el derecho de los amparistas a acceder a la cobertura integral del 100% de tratamientos de fertilización asistida de alta complejidad (FIV/ICSI), hasta tres veces por año, incluyendo la medicación requerida y la criopreservación de embriones con su correspondiente mantenimiento anual en la institución médica PREGNA.
El reclamo de los afiliados y la controversia sobre el alcance de la cobertura
Los demandantes acudieron a la justicia tras recibir diagnósticos de infertilidad secundaria y edad materna avanzada, habiendo cursado previamente un intento de baja complejidad sin éxito. Su médico tratante prescribió la realización de técnicas de reproducción asistida de alta complejidad en el centro especializado PREGNA.
Si bien la demandada alegó durante el proceso que otorgaba la cobertura del tratamiento en dicho centro prestador y ofreció alternativas para evitar eventuales copagos, desconoció la extensión del derecho peticionado por los afiliados. El Hospital Británico no garantizaba de forma expresa la cobertura continuada de hasta tres procedimientos anuales ni la totalidad de los gastos asociados a la medicación y conservación embrionaria, solicitando formalmente el rechazo de la acción de amparo.
Fundamentos jurídicos: la protección de la salud reproductiva como derecho humano
Al analizar el fondo del asunto, el Juez Federal Javier Pico Terrero remarcó que el derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida y cuenta con jerarquía constitucional y respaldo en tratados internacionales de derechos humanos (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional). Se subrayó que la imposibilidad de procrear representa un obstáculo que afecta de manera concreta la salud psicofísica y el bienestar de las personas, encuadrándose plenamente bajo la noción de salud integral postulada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El magistrado desestimó además que la acción se hubiese tornado abstracta por el hecho de que la amparista haya pausado temporalmente las consultas por razones personales, señalando que el interés legítimo en contar con la certidumbre de la cobertura subsiste de cara a la reanudación del proyecto familiar.
Doctrina judicial: el límite legal es de tres tratamientos anuales
El núcleo de la decisión radicó en establecer la cantidad y periodicidad de las prestaciones cubiertas. En aplicación del artículo 8 del Anexo I del Decreto Reglamentario 956/13 (reglamentario de la Ley Nacional de Reproducción Médicamente Asistida N° 26.862), y siguiendo los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Y., M.V. c/ IOSE") y el fallo plenario de la Cámara del fuero ("Gayoso c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación"), el tribunal ratificó que el límite fijado por la normativa es anual y no para toda la vida del paciente.
Por lo tanto, se consolidó que las entidades de cobertura médica deben responder por hasta tres tratamientos anuales de alta complejidad, mediando un intervalo mínimo de tres meses entre cada procedimiento, con la totalidad de los medicamentos y las prácticas complementarias necesarias cubiertas al 100%.
Acceso al fallo completo
Puede consultar la sentencia judicial íntegra en el siguiente enlace oficial:
Ver fallo completo del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 7