En el marco de una acción de amparo iniciada contra la empresa de medicina prepaga DOCTORED GRUPO ROI S.A., el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 6 dictó sentencia definitiva en la que reconoció el legítimo derecho de una afiliada de 86 años a recibir la cobertura integral (100%) de una angioplastía coronaria con colocación de stent en la Clínica La Sagrada Familia. Si bien la cirugía ya fue realizada gracias a una medida cautelar dictada previamente, el magistrado analizó la conducta de la entidad y le impuso íntegramente las costas del proceso.
El cuadro coronario urgente y las demoras de la empresa prepaga
La amparista, A. M. M., es una mujer de 86 años con antecedentes de diabetes, problemas tiroideos, hipertensión arterial y movilidad reducida. Debido a severos dolores precordiales y a la gravedad de su cuadro coronario, su médico especialista indicó a comienzos de septiembre de 2025 la realización urgente de una cinecoronariografía y valoración por hemodinamia.
Aunque en un primer momento la prepaga rechazó la cobertura, finalmente la autorizó a mediados de octubre de 2025. Durante el procedimiento hemodinámico, el equipo médico detectó la imperiosa necesidad de implantar un stent. Sin embargo, no pudo colocarse en ese mismo acto quirúrgico por falta de autorización de Doctored. Frente a ello, los facultativos programaron una angioplastía coronaria para el 3 de diciembre. Ante el silencio y la falta de provisión de la prótesis por parte de la empresa, la cirugía debió suspenderse, reprogramándose para el 17 de diciembre de 2025. Tras intimar mediante carta documento sin obtener una respuesta favorable, la paciente recurrió a la justicia mediante una acción de amparo de salud.
La medida cautelar y los argumentos contradictorios de la demandada
El 12 de diciembre de 2025, el juzgado admitió una medida cautelar innovativa ordenando la cobertura inmediata del procedimiento y sus insumos. Merced a dicha orden judicial, la intervención fue realizada con éxito el 22 de enero de 2026 en la Clínica La Sagrada Familia.
Al defenderse, la empresa demandada incurrió en notorias contradicciones: en una primera presentación afirmó que el sanatorio no integraba la cartilla de la afiliada, mientras que días después admitió que la clínica sí pertenecía a la red de prestadores, pero alegó que esa práctica quirúrgica puntual no estaba contemplada dentro del convenio vigente. El Juzgado remarcó que Doctored jamás ofreció un prestador alternativo propio, ni asignó un profesional idóneo, ni gestionó un turno concreto de intervención, omisiones inadmisibles frente a un cuadro con riesgo de vida.
Fundamentos judiciales: criterio médico y continuidad en la atención
El juez subrogante Marcelo Gota fundamentó su pronunciamiento en la jerarquía constitucional del derecho a la salud y a la vida (arts. 42 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos). El fallo destacó dos aspectos medulares:
- Preeminencia de la indicación médica: El médico tratante es quien mejor conoce la historia clínica y las necesidades del paciente, debiendo primar su criterio profesional sobre las objeciones administrativas o económicas de la empresa prestadora.
- Relación médico-paciente y tratamiento en curso: La actora ya había iniciado sus estudios diagnósticos en la Clínica La Sagrada Familia, forjando un vínculo de confianza esencial con el equipo quirúrgico. El tribunal puntualizó que las restricciones de cartilla deben ceder si la entidad incurre en trámites dilatorios o no asegura alternativas eficaces y urgentes.
Resolución sobre el fondo y condena en costas
Dado que la intervención fue practicada de manera efectiva a través de la medida cautelar, el juzgado declaró abstracta la cuestión principal respecto a la realización de la cirugía. No obstante, al analizar quién dio origen al litigio, determinó que a la afiliada le asistía pleno derecho al reclamo y que debió recurrir a la vía judicial únicamente ante la reticencia y las demoras de Doctored Grupo ROI S.A. En consecuencia, aplicó el principio objetivo de la derrota (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y art. 14 de la Ley 16.986) e impuso la totalidad de las costas judiciales a la empresa prepaga.
Acceso al fallo completo
Puede consultar la resolución judicial completa a través del portal oficial del Poder Judicial de la Nación:
Ver fallo completo del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 6